El vicepresidente y consejero de
Administración Local exige que se intensifique el diálogo con los
sindicatos sobre los recortes y asegura que todo debe ser negociable.
Diego Valderas (Bollullos Par del Condado, Huelva, 1953) mantiene
un difícil diálogo consigo mismo desde que compatibiliza el cargo de
vicepresidente del Gobierno andaluz con el de coordinador regional de
IU. Insiste en que repudia el plan andaluz de recortes, y culpa a Rajoy
de "arrinconar" a Andalucía. Una parte de su perfil busca el consenso
con los sindicatos para aprobar los duros recortes, la otra quiere sacar
a la calle a los andaluces contra el Gobierno central que "limita los
derechos del Estatuto".
-Dentro del Consejo de Gobierno, ¿hay dos voces en conflicto, la del PSOE y la de IU?
-No,
hay gran armonía e intercambio de opiniones. No hay elementos de
contradicción. En los temas que hemos tratado hasta el momento ha habido
pocos aspectos diferenciadores, más allá de que en la política de
ajustes tan fuerte que impone Rajoy hay opiniones, no encontradas, pero
sí diferenciadas.
-El
aplazamiento del plan de reequilibrio, ¿fue una propuesta de los
consejeros de IU, como dijo usted, o una decisión del núcleo más próximo
al presidente?
-Ha sido una decisión que comparte de
forma global el Consejo de Gobierno, aunque haya podido venir desde el
impulso de IU y también, cómo no, de los sindicatos. IU consideraba que
había unas líneas rojas en el marco del plan de ajuste que había que
volver a considerar, y una de ellas era marcar un nuevo estilo de hacer
política: consensuar y negociar con los sindicatos en un momento difícil
en el que se exige un sacrificio muy alto a los casi 270.000 empleados
públicos. No me atrevería a decir quién dio el primer paso.
-Los sindicatos insisten en que no hay negociación.
-Si
no hay negociación como ha vendido el Gobierno, éste que habla tendrá
que dar un nuevo impulso, lo digo con sinceridad. La negociación es
obligada. No compartiría que se apruebe un decreto que no haya tenido
diálogo ni acuerdo. Se encuentre al final o no el consenso total, debe
haber negociación.
-¿Qué margen hay para aportar alternativas al recorte salarial de 777 millones?
-No
hay nada inamovible. Tenemos que profundizar en las posibilidades del
ajuste, teniendo en cuenta que la cifra total, efectivamente, es la que
es. Pero debe haber margen de maniobra sobre cómo se mueve esa cifra en
los diversos capítulos del presupuesto, para lograr salidas diferentes a
las que se han puesto hasta ahora sobre la mesa. Las alternativas no
sólo las tiene que proponer el Gobierno y el resto de partidos, también
los sindicatos.
-Eliminar altos cargos o reducir hasta un 30% los salarios del Gobierno son algunas de sus alternativas, ¿estaría dispuesto?
-Somos
los primeros que tenemos que dar ejemplaridad. En eso se está
trabajando y estoy convencido de que el ejercicio de austeridad más
fuerte lo hará el Consejo de Gobierno. ¿A qué nivel? Sé que el Gobierno
en los últimos años se ha reducido el salario un 20% y sé que en este
momento debemos ser quienes más nos reduzcamos.
-¿Qué alternativas concretas está barajando la Junta?
-No
lo sé. Hay una mesa de negociación abierta por parte de Hacienda y en
los próximos días se tiene que intensificar. Es necesario que los que
tienen una mejor posición, por lógica, hagan un ejercicio de solidaridad
más amplio. Además hay que tener presente un elemento de reversibilidad
con una garantía de futuro en los acuerdos que se produzcan. A partir
de ahí, debemos salvaguardar que los salarios más débiles, los
mileuristas de la función pública, no se toquen.
-¿Qué opina de los pluses de productividad de hasta 3.400 euros que cobran altos cargos?
-Pues
que creo que estamos en tiempos de eliminar privilegios. La solidaridad
nos obliga a reducir o eliminar todo lo que pueda ser considerado un
privilegio. Empezando por el Consejo de Gobierno y caminando hacia todos
los niveles de la función pública. Pero hay que tener en cuenta la
posición fuerte de la Junta frente a una política de recortes suicida.
La política de recortes del Gobierno es suicida para los intereses del
empleo y del desarrollo de nuestra comunidad.
-¿Cómo se ve el sector público andaluz desde dentro de la Junta? Los funcionarios dicen que es un monstruo burocrático.
-Ahora
hay que pensar en la defensa a ultranza del empleo público. Sería un
contrasentido que uno de los pilares que ampara las 250 medidas y las 28
leyes del acuerdo de gobierno se incumpliese. Una de las líneas rojas
que hemos planteado y que el plan de ajuste no puede pasar es la pérdida
de empleo en el sector público. Dicho esto, ¿es necesario racionalizar
la función pública andaluza? Creo que sí. Pero la prioridad es salvar el
empleo, no dar paso a privatizaciones y mantener la educación y salud
públicas.
-Dice que no hay
nada inamovible en el plan de ajuste, pero Griñán sostiene que el
recorte de 777 millones en nóminas sí lo es...
-Quiero pensar que hay capacidad de movimiento. IU tiene en marcha un grupo de trabajo para plantear alternativas.
-UGT dice que si no se modifica la cifra del recorte salarial, no hay margen para negociar...
-Comparto
ese posicionamiento de los sindicatos. Los límites son estrechos, pero
debe haber modificación. Lo estamos estudiando.
-Los
sindicatos han pedido a la Junta que empiece a cobrar en función de la
renta por servicios educativos que ahora son gratis, como los
ordenadores o el bilingüismo. ¿Está de acuerdo?
-Ante
la falta de recursos económicos, la participación e implicación de todos
en cualquiera de los sectores de la vida pública andaluza es necesaria.
Y la imaginación es fundamental. Hay que ser capaces de hacer política
casi sin dinero porque la caja está vacía. Esto cada día es más evidente
ante los ojos del ciudadano. Pero lo que no se puede plantear como una
salida es gravar a las rentas más débiles. Hay cosas que no son
tocables. Educación y salud es lo que iguala al conjunto de la sociedad.
La gente tiene un cabreo generalizado ante esa doble vara de medir: que
el Gobierno prime al sector bancario y sus gestores mientras recorta
derechos.
-¿Cree que la actitud del PSOE respecto al agujero de Bankia ha sido demasiado tibia?
-Es
como si hubiera un cierto pacto de silencio, un acuerdo de guante
blanco entre PP y PSOE en este tema. La posición de IU ha sido firme y
coherente, pidiendo una comisión de investigación en el Congreso. Me
alegro de que el PSOE a última hora se monte en esta iniciativa, pero
creo que lo hace con la boquita chica.
-¿A la dirección de IU le está pasando factura el apoyo al plan de recortes de la Junta?
-Es
que nosotros no apoyamos el plan de recortes. En tiempos tan duros, es
necesario decir cuál es la situación económica de este país, cuáles son
las consecuencias a las que nos arrastran los Presupuestos Generales y
qué límites imponen a nuestros derechos estatutarios... Desde el
principio, como vicepresidente dije que no estábamos de acuerdo,
denunciamos que la política de recortes del Gobierno es suicida para los
intereses del empleo y del desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Si
el Gobierno te recorta 2.700 millones, no puedes hacer tus políticas.
Los ciudadanos deben saberlo. El rostro de los recortes en Andalucía es
el del PP y de Arenas. Si eso no se visualiza así, algo hacemos mal.
-Si
Rajoy, Griñán y Valderas coinciden en que no quieren recortar y que el
recorte viene impuesto, ¿qué percepción cree que tendrán quienes les
votaron?
-No, no, no. Cuando Bruselas le dice a Madrid
que tiene que poner el déficit en X, en Madrid hay dos formas de
abordarlo: con una política diferente en materia de ingresos o con una
política de ajustes duros en los presupuestos. España podía haber optado
por una o otra. En Andalucía no teníamos esa posibilidad. Si se hubiera
aplicado en Madrid lo que propuso IU en cuanto a la política fiscal y
la lucha contra el fraude, no hubiera habido necesidad de hacer
recortes.
-¿La Junta está dividida respecto a la urbanización de la playa de Valdevaqueros?
-No.
Hasta ahora se ha puesto sobre la mesa una posición común. Después de
haber vivido modelos de construcción especulativa que no nos han
conducido a nada, no puedo estar de acuerdo con proyectos que obedecen
actuaciones ya superadas. Lo que hay que hacer es cumplir la ley y en
esto hay coincidencia entre la consejería de Medioambiente y la de
Fomento.
-La Junta ya apeló al cumplimiento de la ley con el Algarrobico. ¿No falta más contundencia?
-La
experiencia del Algarrobico es la que demuestra que no se puede volver a
repetir esto en una parte tan sensible del litoral andaluz. Hablamos de
un proyecto que está aprobado con anterioridad, así que este Gobierno
tendrá que actuar para corregir.
-El informe de la Cámara de Cuentas del caso ERE dirigido por el ahora consejero de Turismo...
-Todavía
no es un informe, sino un borrador. Y, sinceramente, aún no lo he
leído. Lo que conozco es que hay un borrador que se ha filtrado, y que
no hay informe, más allá de lo que se conoce por intereses mediáticos,
electorales y de disputa política. Cuando se produce el borrador el
consejero ya estaba prácticamente fuera de lo que era su responsabilidad
[en la Cámara de Cuentas], porque se produjo entre el mes de abril y
mayo.
-Su discurso sobre los ERE parece más tibio desde que forma parte del Gobierno andaluz...
-No lo creo. La prueba es que la primera iniciativa de IU fue la petición de una comisión de investigación sobre los ERE.
-¿Usted cree, hoy por hoy, que hay responsabilidad política de Griñán en el caso ERE?
-Yo
no voy a sustituir a la comisión de investigación. Ha habido un tiempo
en el que la Consejería de Empleo, a todas luces, no funcionó de forma
correcta. Ha habido ciertos aspectos de alegalidad o en el límite de la
legalidad. Pero sí creo que hay responsabilidades políticas y
administrativas, siempre lo hemos planteado, y creo que esas
responsabilidades se tienen que sustanciar en el Parlamento en la
comisión de investigación.
-¿Apoyarán que Griñán vaya a la comisión de investigación?
-No
sólo lo ha pedido el PP, parece que Griñán está dispuesto. Estamos en
la misma posición que estábamos. Era un compromiso electoral y lo vamos a
llevar hasta las últimas consecuencias.
-Un
sector de su formación denuncia que el papel de IU en la Junta es
superfluo, que las áreas de Fomento y Turismo se han vaciado de
millones...
-La caja está vacía. Pero eso de que no hay
presupuesto para ejecutar no se le adscribirá sólo a las consejerías de
IU, ¿no? Si estuviéramos en los tiempos de las inversiones, entonces se
diría que IU gestiona la parte más importante del presupuesto andaluz.
No sé si eso va a cambiar en uno o dos años. Creo que se ha hecho una
buena negociación en lo político, en las 250 medidas y las 28 leyes, ahí
está la piedra angular del acuerdo. Esta es la parte fuerte, y eso
significa que el PSOE tiene que cambiar determinados chips, e IU
también. El PSOE debe saber que tiene una hoja de ruta nueva, e IU debe
entender que ahora es una fuerza de Gobierno con responsabilidades.
-Con un millón de parados ¿qué consecuencias pueden tener suspender toda la obra pública?
-Es
curioso que el foco no se ha puesto en esta realidad, y habrá que
ponerlo. Esto va a dañar aún más el empleo. Es difícil explicarlo pero
vuelvo a la imposición del Gobierno. Tan es así que incluso cuando hemos
planteado dialogar el plan de ajuste con los sindicatos, el señor
Beteta [secretario de Estado de Administraciones Públicas] ha venido
nuevamente a Andalucía a amenazarnos con la intervención o con algo tan
duro como no dar los créditos a través del ICO. Andalucía está en una
amenaza permanente.
-Esta confrontación entre Junta y Gobierno, ¿no es estéril de cara a los ciudadanos?
-La
política de confrontación no es lo mismo que la política en defensa de
unos derechos. Es más, si continúa el acorralamiento del Gobierno
central al andaluz, estamos llamados a reeditar el 28-F. Hay una
necesidad de llamar a los andaluces a defender su Constitución. Y hoy,
el Estatuto, por diversos caminos, se está viendo recortado, limitado y
pisoteado. Por el concepto de recentralización que tiene el PP, que es
una marcha atrás a lo que han representado los Estatutos de Autonomía,
no sólo el de Andalucía. A los ciudadanos hay que decirles la verdad:
que hay una posición de dureza premeditada, de acorralamiento
premeditado del Gobierno de España respecto a Andalucía. Cualquier
comparación, incluso en la presión que se hace sobre la política de
recortes, no tiene nada que ver con la que se aplica a otras
comunidades. Y eso que otras regiones están en una situación de mayor
dificultad económica que nosotros. ¿Qué hubiera ocurrido si en Andalucía
ocultamos 2.000 millones de deuda?
-¿Estaríamos intervenidos?
-Sí,
claro que sí, estaríamos intervenidos. Con independencia de que yo creo
que, por imposición, ya hay una intervención de hecho, de facto. Soy de
la opinión de que España está preintervenida. Desde el 1 de enero, la
política económica española está en situación de insolvencia. Y la
presión y amenaza tan continuadas del Gobierno de España al andaluz me
da la sensación de que estamos en una situación de intervención de
facto.